Gobierno de Juan Álvarez.
Al triunfar la Revolución de Ayutla, Juan Álvarez, que provisionalmente ocupó la Presidencia de la República en Octubre de 1855, formó su gabinete con personajes de ideas liberales: Melchor Ocampo, Benito Juárez, Guillermo Prieto, Ignacio Comonfort, entre otros.
El gobierno de Juan Álvarez, según estaba previsto, convocó un Congreso Constituyente y desde luego puso en vigor la Ley Juárez, llamada así porque Benito Juárez la redactó. Esta suprimía los fueros y privilegios del clero y del ejército y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley.
Cuando Juan Álvarez, por lo avanzado de su edad, dejó el poder y se retiró al Sur en Diciembre de 1855, Comonfort ocupó la Presidencia.
Gobierno de Comonfort.
Entre los miembros del gabinete de Comonfort se encontraban José María
Lafragua, Ezequiel Montes y Manuel Payno. Cuatro meses después se hizo ministro
a Miguel Lerdo de Tejada.
Dictó aquel gobierno leyes que desataron la ira de los conservadores. La Ley Lerdo fue una de las más importantes: decretaba la desamortización de los bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas, es decir, que obligaba a éstas a vender sus propiedades (casas y terrenos) a quienes las tenían como arrendatarios, salvo las que dichas corporaciones ocuparan en sus actividades propias. Se deseaba poner en circulación esos bienes, llamados de manos muertas, para dar fin a su estancamiento y porque representaban, más o menos, las dos terceras partes de la riqueza del país.
La Constitución de 1857.
El Congreso promulgó la nueva Constitución el 5 de Febrero de 1857; y
como se incluían en ella los preceptos de la ley Juárez y de la Ley Lerdo, los
conservadores, al ver que esas disposiciones quedaban en vigor, provocaron
nuevas y violentísimas luchas con los liberales.
La Constitución de 1857 estableció para México la forma de gobierno republicano, representativo y popular; dividió el país en veintitrés Estados, un territorio y un Distrito Federal; estableció la tolerancia de cultos; reconoció la soberanía del pueblo, ejercida por medio del voto, y los derechos del hombre y del ciudadano, indispensables para la vida democrática, que se funda en las garantías de libertad, igualdad, propiedad, seguridad, etc. El gobierno quedo integrado por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El arzobispo de México, poniendo en contra de los principios constitucionales de 1857 el poder espiritual de la Iglesia Católica – conducta análoga a la que el alto clero mantuvo contra la Independencia – publicó un edicto en virtud del cual se negarían los sacramentos a todos los católicos que jurasen cumplir (ahora diríamos que protestaran cumplir) la Constitución.
Por los motivos anteriores, y otros en que también intervenían los
intereses del clero, se produjo una situación política muy difícil; y entonces
Ignacio Comonfort varió de pronto en su actitud. Temiendo no poder gobernar
dentro de la Constitución que acababa de promulgarse, hizo posible un
pronunciamiento militar apoyado en un plan que la desconociera.
En efecto, el 17 de Diciembre de 1857, Félix Zuloaga se levantó en armas y lanzó el Plan de Tacubaya. Según éste, quedaba en suspenso la Constitución, se desconocía a los poderes legislativo y judicial y se dejaba como Presidente a Comonfort.
Comonfort se adhirió públicamente al plan el 19 de Diciembre; y si bien, arrepentido de su yerro, quiso enmendarlo casi inmediatamente, no le fue posible volver atrás. Abandonado por los liberales, a quienes ya no inspiraba confianza, vio que también los conservadores le volvían la espalda, a la vez que le exigían hacerse enemigo de los ideales por los cuáles él había luchado hasta allí. Comonfort comprendió que no le quedaba otro camino que renunciar a la Presidencia y expatriarse. Así lo hizo en Enero de 1858.
De aquel estado de cosas resultó la Guerra de Reforma o Guerra de Tres Años, llamada de este último modo porque se prolongó desde 1858 hasta 1860.
Fuente:Generación 1960. Mi libro Historia y Civismo. Cuarto Grado, Ed. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, p. 102 – 105.
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